Tribunal de Antioquia ordena al Gobierno Nacional pagar deuda con hospitales tras demanda del alcalde Federico Gutiérrez
En un fallo histórico, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de la acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y ordenó al Gobierno Nacional saldar en un plazo de 30 días las deudas vencidas con hospitales públicos y privados del país. Esta decisión responde a la denuncia del mandatario distrital, quien el pasado 29 de mayo alertó sobre el riesgo que representa la falta de recursos para el acceso a servicios de salud, especialmente en la capital antioqueña, donde se declaró la alerta hospitalaria por la crisis financiera del sistema.
La acción popular fue dirigida contra el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Hacienda, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y las EPS intervenidas: Savia Salud, Coosalud, Nueva EPS y Sanitas. El documento de 36 páginas, radicado por la administración de Medellín, solicitaba medidas cautelares para garantizar el pago inmediato de la cartera vencida, el flujo oportuno de giros a las IPS y la reactivación de pagos a gestores farmacéuticos y proveedores.
El fallo del 11 de julio ordena a las entidades accionadas “adelantar todas las gestiones que correspondan para el saneamiento de la cartera debidamente acreditada a favor de las IPS” y garantizar el flujo de recursos que permita la prestación efectiva de los servicios de salud. Esta medida busca restablecer condiciones mínimas para que hospitales y clínicas puedan operar sin afectar la vida y la salud de los ciudadanos.
Federico Gutiérrez celebró la decisión en su cuenta de X (@FicoGutierrez), calificando el fallo como “histórico” y señalando al Gobierno Nacional de asfixiar el sistema con la intervención de EPS sin garantizar pagos a las IPS. “Invito a alcaldes y gobernadores a unirse a esta decisión judicial y a proteger juntos la vida y la salud de los colombianos”, expresó el mandatario. La decisión judicial marca un precedente en el marco de las competencias territoriales frente a las omisiones del Ejecutivo nacional en materia de salud pública.
