El Gobierno de Gustavo Petro oficializó el nombramiento de Daniel Quintero Calle como superintendente de Salud, una decisión que se concreta pese a los señalamientos en su contra y a la imputación que enfrenta por presunta corrupción en el caso Aguas Vivas. Su llegada se da en uno de los momentos más críticos del sistema, con varias EPS intervenidas y un ambiente de incertidumbre sobre el futuro de entidades clave como Nueva EPS.
El contexto no es menor. El propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció recientemente que ni siquiera se tiene claridad sobre el monto total de la deuda de esa EPS, lo que refleja el nivel de desorden financiero del sistema. La Superintendencia de Salud, que ahora queda en manos de Quintero, es la entidad encargada de vigilar e intervenir a los actores del sistema y maneja decisiones sobre un sector que moviliza billones de pesos al año en recursos públicos.
El nombramiento ha generado críticas incluso dentro del Pacto Histórico, no solo por los cuestionamientos judiciales, sino por el perfil del exalcalde, ingeniero de sistemas sin trayectoria directa en el sector salud. A esto se suma su cercanía política con el presidente Petro, a quien apoyó abiertamente en campaña —hecho que le costó una suspensión como alcalde— y su discurso de impulsar “intervenciones profundas” al sistema, lo que hoy aumenta la sensación de incertidumbre.
Con un sistema desbordado, hospitales reclamando pagos, EPS en crisis y dudas sobre el manejo de los recursos, la llegada de Quintero a la Supersalud marca un punto de inflexión. Más que una designación técnica, el mensaje que queda es político: en medio de la tormenta, el Gobierno apuesta por uno de sus alfiles más cercanos para tomar el control de un sector que atraviesa uno de sus momentos más delicados.
