La transición en una de las carteras más sensibles del Estado se trasladó de manera formal a los canales legales. Ante la ruptura definitiva de las mesas presenciales de transición en Bogotá, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora López, designado ministro de Defensa para el gobierno de Abelardo De La Espriella, radicó un derecho de petición de alta complejidad dirigido al actual titular de la cartera, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, exigiendo la entrega inmediata de toda la información institucional del sector seguridad.
El recurso legal, amparado en los artículos 23, 74 y 209 de la Constitución Política y la Ley de Transparencia, busca sortear el quiebre de los diálogos nacionales y obligar al Gobierno Petro a suministrar los balances correspondientes a la vigencia 2022-2026. Según el equipo del mandatario electo, la documentación técnica es indispensable para evaluar la continuidad administrativa, blindar el patrimonio público y, fundamentalmente, asegurar la preservación de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares y de Policía.
Un cuestionario de 85 folios para evaluar las Fuerzas Militares
La solicitud radicada por el general (r) Mora López contempla un pliego exhaustivo para auditar el estado real de las fuerzas de cara al cambio de mando este 7 de agosto de 2026:
- Alcance técnico: El documento anexa un cuestionario riguroso de 666 preguntas distribuidas en 85 folios de contenido analítico.
- Variables a evaluar: El gobierno entrante exige respuestas de fondo con soportes verificables sobre la gestión contractual, presupuestal, los planes operacionales, la infraestructura tecnológica, los inventarios logísticos y el estado de los procesos jurídicos del ministerio.
- Formatos reutilizables: Se solicitó que las bases de datos y anexos sean entregados en formatos digitales abiertos para garantizar su trazabilidad. En caso de que el Gobierno saliente alegue reserva legal en temas de seguridad nacional, se exigió la fundamentación normativa estricta y el envío de las respectivas versiones públicas.
Con este paso, el equipo del presidente electo ratifica que la recolección de información sobre el estado de la Nación se ejecutará mediante los conductos y términos perentorios que impone la ley colombiana, buscando evitar vacíos de poder en materia de orden público.
