El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció la puesta en marcha del Plan Energía YA, un paquete integral de choque adoptado a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para evitar racionamientos eléctricos y blindar los embalses del país frente a la fase crítica del fenómeno de El Niño, prevista entre octubre y diciembre. La estrategia se activa en un contexto de alta vulnerabilidad del Sistema Interconectado Nacional: según el boletín 358 del operador XM, los aportes hídricos de los ríos en agosto se situaron en el 71,53 % de su promedio histórico —dejando al sistema con 4.397 GWh menos de agua frente a la sequía de 2015-2016— y los embalses, que abrieron septiembre en 79,92 %, podrían caer a un crítico 15,7 % en el segundo trimestre de 2027 bajo hidrologías deficitarias severas.
El plan gubernamental articula dos frentes inmediatos:
- Incentivo y penalización al consumo: Desde el 1 de septiembre rige un esquema tarifario donde los usuarios que reduzcan su consumo mensual en más del 10 % frente a su meta recibirán un beneficio económico en su factura, mientras que quienes lo superen en más del 10 % asumirán un sobrecosto (con excepción de los municipios declarados en emergencia por terremoto).
- Despliegue termoeléctrico de respaldo: XM determinó que la generación térmica debe elevarse de forma inmediata de 63 a 96 GWh/día (con proyección a superar los 97 GWh/día), requiriendo para su sostenimiento cerca de 484 giga BTU diarios de gas natural y más de 34.000 barriles diarios de combustibles líquidos para preservar el agua de las represas.
La contingencia energética se agrava por rezagos estructurales. XM advirtió un déficit de energía firme frente a la demanda de -7.207 GWh/año para el periodo 2026-2027, profundizado por una demora del 77,5 % en la entrada de nuevos proyectos de generación (de 4.475 MW proyectados para 2026, solo han ingresado 1.005 MW). A este cuadro se suman las indisponibilidades técnicas por mantenimiento en las hidroeléctricas de Chivor y El Guavio, la fragilidad operativa en la región Caribe y una deuda acumulada en el Mercado de Energía Mayorista que ronda los $4 billones de pesos, factores que obligan a la aceleración de medidas pedagógicas e industriales para garantizar la confiabilidad del servicio en todo el territorio nacional.
