Capturan en Mutatá al alcalde de Riosucio (Chocó) y a cinco funcionarios por presunta corrupción electoral
En un operativo conjunto adelantado en el municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura contra el alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, junto a cinco funcionarios de su gabinete municipal. La acción judicial responde a una investigación penal por presuntas anomalías en la contratación y desembolso de recursos públicos para la logística y viáticos de jurados y delegados durante las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo de 2026.
De acuerdo con el material probatorio recabado por el ente acusador, los procesados habrían direccionado y justificado de forma irregular partidas presupuestales destinadas al transporte y la alimentación del personal electoral, incurriendo presuntamente en tres conductas punibles contempladas en el Código Penal Colombiano:
- Peculado por apropiación: Conducta que castiga la apropiación indebida de bienes y dineros del Estado en beneficio propio o de terceros, con sanciones que oscilan entre los 96 y 270 meses de prisión.
- Falsedad en documento privado: Delito que acarrea de 16 a 108 meses de privación de la libertad, atribuido a la presunta alteración de soportes para justificar el gasto.
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales: Tipo penal que sanciona el trámite, celebración o liquidación de convenios públicos omitiendo las normas esenciales de contratación estatal, con penas de 64 a 216 meses de cárcel.
La captura del mandatario chocoano y sus colaboradores se suma al balance judicial derivado de los comicios del pasado 8 de marzo, jornada en la cual la Procuraduría General de la Nación tramitó 1.379 quejas por anomalías en mesas, la Policía capturó a 88 personas por delitos como compra de votos o constreñimiento, e incautó más de $3.761 millones en efectivo vinculados a presuntas operaciones electorales ilegales. Los detenidos quedaron a disposición de un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas, la formulación de cargos y la definición de medidas de aseguramiento.
