Comisiones Económicas aprueban en primer debate el Presupuesto General de la Nación 2027
Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2027 por un monto de $634,9 billones. La iniciativa, que ahora pasará a su discusión en las plenarias de Senado y Cámara, salió adelante tras un intenso pulso político en el que se avalaron modificaciones clave en las partidas de funcionamiento, justicia y entidades de control, bajo la justificación del Gobierno de sanear las finanzas públicas y atender las contingencias derivadas de la emergencia por el terremoto.
Entre los cambios más destacados aprobados en esta primera etapa se encuentra una reducción de $170.000 millones en los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los cuales serán reasignados al fortalecimiento de la justicia ordinaria. Asimismo, los congresistas aprobaron proposiciones para adicionar cerca de $500.000 millones al SENA y redistribuir partidas adicionales entre órganos de control y soberanía como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE), a pesar de los reparos y la ponencia alternativa presentada por sectores de la izquierda y el Pacto Histórico, que advertían sobre los riesgos en la estructura de ingresos y el incremento proyectado de la deuda pública.
Durante la sustentación de la iniciativa, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la hoja de ruta económica y explicó que las restricciones presupuestales responden tanto al déficit heredado como al impacto fiscal imprevisto tras el sismo del pasado 10 de agosto. El jefe de la cartera económica señaló que el déficit fiscal inicial superaba el 8,2% y advirtió que el crecimiento desmedido del funcionamiento estatal y del servicio de la deuda en los últimos años dejó los niveles de inversión en mínimos históricos desde 1975. Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, respaldó el trámite legislativo enfatizando la necesidad de recortar la contratación innecesaria sin descuidar los frentes prioritarios de inversión social, empleo y desarrollo para los colombianos.
