El Consejo de Estado admitió formalmente una acción de tutela interpuesta por el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, en contra del expresidente de la República Gustavo Petro Urrego. La demanda judicial busca la protección de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la rectificación, tanto del funcionario como de la institución electoral.
La controversia jurídica, asignada a la Sección Tercera (Subsección C) de la Sala de lo Contencioso Administrativo bajo la ponencia del consejero Nicolás Yepes González, surge a raíz de 14 publicaciones realizadas entre el 2 de junio y el 5 de agosto en la cuenta de X (antes Twitter) de Petro, sumadas a declaraciones emitidas durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente el pasado 14 de julio. Según el escrito de la tutela, en dichos espacios el exmandatario acusó al registrador y a la entidad de liderar un supuesto plan para alterar los comicios presidenciales de 2026, señalando presuntas manipulaciones en el censo electoral, las direcciones IP de los servidores, los formularios E-14 y la negativa a entregar auditorías del código fuente.
Para el registrador, estas afirmaciones carecen de sustento probatorio y menoscaban la legitimidad del sistema democrático. Por esta razón, la providencia ordena notificar al exmandatario, quien tendrá un plazo de tres días hábiles para ejercer su derecho de defensa y rendir informe sobre los hechos. Asimismo, el alto tribunal vinculó al trámite al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncien sobre el caso dentro del mismo término.
