El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció la radicación formal de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en la contratación de la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración anterior. Según los hallazgos de una auditoría forense impulsada por la actual cartera ministerial, las anomalías contractuales podrían comprometer recursos públicos por cerca de $62.000 millones.
Las revelaciones se producen pocas semanas después de la salida del exdirector de la entidad, Germán Miranda, ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella. Durante su intervención, Lara detalló que los cuestionamientos se centran en el uso indebido de la figura de urgencia manifiesta, declarada inicialmente para atender una emergencia por inundaciones que afectó a ocho departamentos. Sin embargo, el informe señala que de los $42.000 millones contratados bajo esa modalidad excepcional, solo una fracción menor se destinó a la contingencia, mientras que el resto financió equipos y suministros operativos.
El caso más delicado expuesto por el Gobierno involucra un contrato con la empresa Mackey Soluciones, cuyo valor inicial de $16.000 millones ascendió a $24.000 millones. La auditoría detectó inconsistencias graves, como la firma de actas de recibido a satisfacción donde se certificaba que los equipos permanecían en las bodegas del contratista, pagos millonarios efectuados un día después de la segunda vuelta presidencial y faltantes en las cantidades reportadas. El ministro advirtió que la información también será remitida a la UIAF y al Consejo Nacional Electoral para rastrear el destino final de los recursos y esclarecer las responsabilidades del caso.
