Durante las marchas registradas este 14 de octubre de 2026 en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la presencia de uniformados armados con fusiles en la terraza del Congreso de la República generó fuertes cuestionamientos y críticas de sectores políticos que interpretaron la medida como una intimidación a la protesta social, señalando inicialmente al Gobierno nacional. Sin embargo, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, despejó las dudas durante la sesión plenaria al aclarar que la autorización provino directamente de la presidencia de la corporación tras recibir una solicitud formal del equipo de protección del expresidente Gustavo Petro.
La petición fue radicada el 13 de octubre por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de las avanzadas del esquema de seguridad del exmandatario. En el documento se solicitaba el ingreso y ubicación de dos funcionarios de la fuerza pública en la terraza del edificio a partir de las 8:00 a. m. del día de las manifestaciones, amparándose en el Decreto 1069 de 2018 y en las directrices del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) para garantizar la integridad de Petro durante su visita a un evento en las inmediaciones.
Henríquez defendió su decisión señalando que, así como debe velar por la seguridad de los congresistas en el recinto, tiene la obligación legal de colaborar con los organismos de protección cuando se solicita formalmente para exmandatarios. Tras la revelación, legisladores como Sara Castellanos criticaron a quienes intentaron responsabilizar al Ejecutivo de un despliegue operativo solicitado por el propio entorno del exjefe de Estado.
