La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó por unanimidad, mediante el Auto 1352 con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, abrir el incidente de impacto fiscal solicitado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en contra de la Sentencia C-264 de 2026 que avaló la mayor parte de la reforma pensional. Con esta decisión, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dispondrá de 30 días hábiles —contados a partir de la notificación— para sustentar y presentar los documentos que demuestren cómo la aplicación de la ley afectaría las finanzas públicas, advirtiendo que de no hacerlo el trámite será declarado desierto.
El alto tribunal aclaró que la apertura de este mecanismo no equivale a darle la razón al Ejecutivo ni modifica por el momento el fallo ni la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema pensional, fijada para el 1 de abril de 2027. La solicitud, radicada originalmente el pasado 23 de septiembre, argumenta que poner en marcha la reforma en los plazos previstos generaría gastos adicionales cercanos a los 5 billones de pesos que no se encuentran contemplados en el Presupuesto General de la Nación, sumado a las alertas de Colpensiones sobre las necesidades de recursos para asegurar las mesadas en medio de la estrechez fiscal actual y la preparación de una Ley de Rescate Económico del gobierno de Abelardo de la Espriella. Una vez el ministerio entregue la sustentación, la Sala Plena evaluará la admisión formal para convocar a una audiencia pública y definir si modula los efectos de la sentencia o difiere su aplicación en el tiempo.
