Alcalde Gutiérrez pide a De La Espriella investigar contratos en el Fondo de Adaptación de abogada procesada por presunta corrupción en el AMVA

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, elevó una alerta pública al presidente Abelardo De La Espriella para que se investigue la contratación de Vanesa Álvarez Restrepo en el Fondo de Adaptación del Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Gustavo Petro. El llamado se produjo mientras la justicia adelantaba la audiencia de imputación de cargos por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) entre 2020 y 2023, expediente en el que Álvarez figura como procesada junto a Miguel Quintero —hermano del exalcalde Daniel Quintero—, Álvaro Villada y Sebastián Ortega.
De acuerdo con registros de la plataforma estatal Paco expuestos por el mandatario local, la jurista suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Fondo de Adaptación —entidad que en 2025 manejó un presupuesto superior a los $668.000 millones— por un valor de $58.410.872, ejecutado entre el 2 de octubre de 2025 y el 2 de febrero de 2026, con honorarios mensuales que superaban los $14,5 millones. La minuta asignaba labores de apoyo jurídico integral en las fases precontractual, contractual y postcontractual de proyectos estratégicos de la entidad nacional.
El expediente penal que hoy involucra a Álvarez y a los demás procesados rastrea un presunto desfalco estimado por la Fiscalía General de la Nación en $2.481 millones, derivado de seis contratos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por un monto global de $17.656 millones:
- Señalamientos contra Vanesa Álvarez: La Fiscalía 40 Anticorrupción sostiene que, desde la Subdirección Administrativa y Financiera, la abogada elaboró estudios previos y habría asistido en junio de 2020 a una reunión para acordar con el entonces directivo bomberil Misael Cadavid una rebaja en la comisión ilícita exigida, pasando del 20 % al 15 %. Su defensa, encabezada por Katherine Meneses, demandó clarificar el grado de dolo y su alcance como contratista externa.
- Rol atribuido a Miguel Quintero: El ente acusador le imputa ser el presunto determinador de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, señalándolo de impartir directrices directas al entramado. Su apoderado, Santiago Trespalacios, refutó la tipificación del peculado alegando que los recursos comprometidos correspondían a utilidades de un privado y exigió delimitar fechas, lugares y destinatarios específicos de las supuestas órdenes.
Tras la formulación de observaciones técnicas por parte de las defensas, el Juzgado 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías decretó un receso procesal para reanudar la diligencia este martes 15 de septiembre a las 2:00 p.m., fecha en la que la fiscal responderá a los requerimientos antes de definir la solicitud de medidas de aseguramiento.



