Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes tras freno judicial
El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró la urgencia manifiesta con el fin de blindar y garantizar la continuidad en el servicio de expedición de pasaportes en todo el país y en las sedes consulares en el exterior. La medida excepcional, fundamentada en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, faculta a la entidad a celebrar contrataciones indispensables e inmediatas luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejara en firme una medida cautelar que suspendió provisionalmente la ejecución del esquema de emisión ideado durante la administración de Gustavo Petro.
La decisión del tribunal, proferida mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP dentro del trámite de una acción popular, ordenó frenar el nuevo modelo contractual al considerar indispensable acreditar los soportes fiscales de vigencias futuras, así como subsanar vacíos de planeación, cronogramas y viabilidad operativa real. En acatamiento a la instrucción de la autoridad judicial para evitar un colapso en la atención ciudadana, la cartera diplomática adoptó esta figura jurídica para impedir la paralización del trámite del documento de viaje.
Frente al impacto en los usuarios, la Cancillería dio un parte de tranquilidad y aseguró que las oficinas expedidoras a nivel nacional y la red consular internacional operan bajo absoluta normalidad, precisando que las citas agendadas mantienen plena validez sin necesidad de trámites extraordinarios:
“El Ministerio les reitera a los colombianos, en el país y en el exterior, que el servicio de expedición de pasaportes continúa con normalidad. Las oficinas expedidoras y los consulados mantienen su atención, las citas previamente programadas continúan vigentes y los ciudadanos no deben realizar ningún trámite adicional”.
Los contratos suscritos bajo el amparo de la urgencia manifiesta tendrán un carácter estrictamente transitorio mientras avanza de forma paralela la estructuración de una nueva licitación pública con seguimiento mensual para seleccionar un operador definitivo. Conforme a las exigencias normativas, todo el expediente administrativo, los contratos suscritos y sus antecedentes técnicos serán enviados a la Contraloría General de la República para la respectiva auditoría y control fiscal posterior.
