Los gobiernos de Colombia y Chile formalizaron un convenio binacional de homologación y reconocimiento mutuo de competencias laborales certificadas, una herramienta de integración regional diseñada para garantizar la movilidad transfronteriza y la contratación formal de trabajadores en ambos mercados. El presidente Abelardo De La Espriella presentó la iniciativa como un pilar de la «diplomacia de las capacidades», orientada a derribar barreras migratorias y laborales para que los saberes técnicos locales gocen de plena validez jurídica fuera del territorio nacional.
El instrumento bilateral priorizará en su fase inicial 26 perfiles ocupacionales de alta demanda en sectores estratégicos: gastronomía, servicios de hotelería, cuidado de personas, construcción, transporte y logística, energía y movilidad eléctrica. Para respaldar a los aspirantes que no cuenten con acreditación oficial, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) habilitará una convocatoria especial y gratuita de certificación por competencias entre el 21 de septiembre y el 30 de noviembre, permitiendo que la mano de obra colombiana acceda de forma ágil a las plazas formales abiertas en el país austral.
En paralelo a la agenda internacional, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Estatuto del Trabajo. La ambiciosa reforma legislativa busca unificar en un solo cuerpo normativo las disposiciones dispersas del Código Sustantivo del Trabajo de 1950, las leyes modificatorias posteriores y la jurisprudencia de las altas cortes, dando cumplimiento al mandato pendiente consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política de 1991 tras más de tres décadas de rezago legislativo.
La iniciativa, elaborada con el acompañamiento técnico de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, proyecta beneficiar a diez millones de trabajadores formales y dotar de seguridad jurídica a micro, pequeñas y medianas empresas. El nuevo texto incorpora capítulos específicos para regular realidades del mercado moderno como el empleo en plataformas digitales, labores del servicio doméstico, trabajo por cuenta propia y faenas rurales, estableciendo reglas claras en un contexto nacional donde la informalidad laboral se ubicó en el 54,5 % según el último informe trimestral del DANE. La propuesta iniciará ahora su trámite legislativo en el Senado y la Cámara de Representantes, donde deberá sortear cuatro debates para su promulgación como ley.
