Un nuevo informe de la Contraloría General de la República puso bajo la lupa la ejecución de los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), revelando presuntas irregularidades fiscales que ascienden a $39.139 millones. Los hallazgos se desprenden de 32 auditorías de cumplimiento adelantadas durante 2026 sobre la vigencia presupuestal de 2025.
De acuerdo con el organismo de control, se identificaron 84 hallazgos administrativos, de los cuales 41 tienen incidencia fiscal, 71 presunta incidencia disciplinaria, uno posible incidencia penal y cinco se destinaron a indagación preliminar. El desglose de las afectaciones económicas evidencia que el 60% de los recursos comprometidos obedecen a fallas contractuales —como debilidades en planeación, supervisión y control—, un 30% a sobrecostos en las raciones alimentarias y pagos a manipuladoras de alimentos, y el 10% restante a pagos de mayores valores.
Riesgo de continuidad para 600.000 estudiantes
La Contraloría advirtió con preocupación que estas problemáticas son de carácter reiterativo y afectan directamente a una población vulnerable. A la fecha, las cifras oficiales indican que la cobertura nacional del PAE se ubica en el 87%, lo que deja a cerca de un millón de menores de edad sin acceso al servicio en sus entornos educativos.
Adicionalmente, el organismo encendió las alarmas ante la posible falta de continuidad del programa en 13 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), donde los contratos actuales ya vencieron o están próximos a terminar sin que se avizoren procesos de contratación en curso o recursos asegurados, una situación que pone en inminente riesgo a unos 600.000 estudiantes. Los hallazgos con presunta responsabilidad fiscal y disciplinaria ya fueron trasladados a las autoridades competentes para las investigaciones del caso.
