La Corte Constitucional le otorgó un plazo de 30 días hábiles al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para que sustente formalmente el incidente de impacto fiscal mediante el cual el Gobierno Nacional busca aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de la reforma pensional. El alto tribunal advirtió que, en caso de no presentar los soportes técnicos y financieros requeridos dentro del tiempo establecido a partir de la notificación, el trámite será declarado desierto.
La solicitud del Ejecutivo coincide con peticiones similares realizadas por entidades como Colpensiones, argumentando los altos costos de implementación y las dificultades presupuestales actuales para poner en marcha el nuevo sistema. De aceptarse la prórroga, el Gobierno dispondría de un mayor margen de tiempo para tramitar posibles modificaciones o una contrarreforma, facilitando la transición de miles de afiliados y brindando un respiro operativo al manejo de las devoluciones de saldos y la sostenibilidad fiscal del sistema.
