Corte Suprema da 60 días a Nueva EPS para ponerse al día con miles de tutelas represadas
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una orden determinante para frenar la vulneración masiva de derechos en el sistema de salud. El alto tribunal otorgó un plazo máximo de 60 días a la Nueva EPS, en coordinación con su agente interventor, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, para estructurar y ejecutar un plan estratégico que permita cumplir de forma gradual con miles de fallos de tutela represados.
La medida busca resolver la no entrega de medicamentos y la falta de prestación de servicios médicos ordenados por jueces de la República a favor de los afiliados. La Corte enfatizó que la hoja de ruta deberá priorizar de manera inmediata a los pacientes en estado grave, con riesgo inminente de muerte o pertenecientes a poblaciones de especial protección constitucional.
Fallo protege a funcionarios ante desacatos masivos
La decisión judicial se produjo al resolver la tutela interpuesta por Salomé Henao González, exgerente regional norte de Nueva EPS, quien demostró estar sometida a un escenario desproporcionado por fallas operativas ajenas a su control directo. En su contra pesaban órdenes de 481 despachos judiciales, que acumulaban 3.853 días de arresto y multas superiores a los $9.131 millones de pesos.
El tribunal amparó sus derechos al debido proceso, la libertad y la dignidad humana, dejando sin efecto las sanciones administrativas y penales. Asimismo, la Sala sentó un precedente clave al reconocer formalmente que la entidad padece una falla estructural y financiera, lo que permitirá a otros funcionarios en situaciones similares solicitar el levantamiento de sanciones por desacato.
El Estado mantiene la responsabilidad constitucional
Pese a exonerar a la exfuncionaria de los arrestos, la Corte Suprema de Justicia dejó en claro que la declaratoria de crisis funcional no libera al Estado colombiano de su obligación superior como garante de la salud en este 2026.
Al tratarse de una EPS intervenida por el Gobierno saliente, las autoridades del sector público deben implementar con urgencia las soluciones financieras necesarias para suplir los insumos médicos requeridos y acatar sin evasivas las sentencias proferidas por la rama judicial.
