La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad general por nueve años para Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín durante la administración de Daniel Quintero y cuñada del concejal de Itagüí, León Mario Bedoya.
La misma sanción fue ratificada contra Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques.
De acuerdo con el Ministerio Público, ambos funcionarios modificaron y prorrogaron un contrato firmado el 3 de noviembre de 2020 —con vigencia inicial hasta el 3 de febrero de 2021— sin contar con estudios técnicos que evaluaran las condiciones y dificultades derivadas de la pandemia por Covid-19. Pese a ello, extendieron el plazo contractual hasta el 10 de junio de 2021 argumentando medidas adoptadas por los gobiernos nacional y locales frente a la emergencia sanitaria.
La Sala Disciplinaria determinó que esta justificación no respondía a un hecho sobreviniente, imprevisible o irresistible, sino a circunstancias preexistentes y plenamente conocidas al momento de suscribir el contrato, cuyo valor ascendía a $5.226 millones.
Según la Procuraduría, al modificar los términos del negocio jurídico sin la debida sustentación, Urrego y Liévano vulneraron los principios de economía y eficacia, configurando una falta gravísima cometida con culpa gravísima. Con esta decisión, la sanción queda en firme.
