En el marco de la estrategia de seguridad regional denominada Escudo de las Américas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este lunes la revocatoria inmediata de las visas de ingreso a su territorio para el empresario colombiano Euclides Torres Romero y la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, haciendo extensiva la medida sancionatoria a sus respectivos núcleos familiares directos.
El comunicado oficial, firmado por el portavoz de la diplomacia norteamericana Thomas “Tommy” Piggot, responde a las políticas anticorrupción impulsadas por Washington en América Latina, las cuales restringen la entrada a ciudadanos extranjeros vinculados con investigaciones sobre corrupción pública, falta de transparencia o irregularidades financieras. La medida se aplicó de manera simultánea en otros países de la región como Bolivia, Ecuador y Perú.
Los motivos detrás de las sanciones
- Euclides Torres Romero: Conocido como la cabeza del denominado Clan Torres, este influyente empresario y megacontratista del Caribe colombiano ha estado bajo el foco de las autoridades nacionales y la justicia por su presunta participación en la financiación y coordinación de eventos logísticos clave durante la precampaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, como el evento de la tarima en forma de “P” en Barranquilla, caso que motivó investigaciones ante el CNE, la Fiscalía y la Corte Suprema por supuestos topes superados y aportes no reportados.
- Martha Isabel Peralta Epieyú: Abogada, líder indígena del pueblo wayuu, presidenta del MAIS y senadora del Pacto Histórico, su curul y trayectoria quedaron salpicadas tras las revelaciones del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Actualmente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le adelanta una investigación formal y la citó a indagatoria por presunto tráfico de influencias y cohecho, relacionada con supuestas gestiones para direccionar contratos de maquinaria amarilla en La Guajira a cambio de apoyo político a reformas legislativas.
Estas acciones reflejan el endurecimiento de los controles internacionales frente a actores políticos y económicos locales salpicados por presuntos hechos de corrupción y narcotráfico en la región.
