Fiscalía imputa a exministro Álvaro Leyva por contrato de pasaportes
La Fiscalía General de la Nación imputó al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el presunto delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo, por las decisiones que habrían frenado de manera irregular la licitación 001 de 2023 para la expedición de pasaportes.
La diligencia se realizó el 9 de diciembre de 2025 ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías.
De acuerdo con el ente acusador, Leyva Durán habría emitido tres actos administrativos contrarios a la ley para obstruir un proceso contractual cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos.
El comité evaluador había recomendado adjudicar el contrato a una unión temporal que cumplió con los requisitos exigidos, ligada a la firma Thomas Greg & Sons, pero el 13 de septiembre de 2023 el entonces canciller expidió la Resolución 7485 y declaró desierta la licitación argumentando que solo se presentó un oferente.
Ante esa decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición. Según la Fiscalía, Leyva negó el recurso mediante la Resolución 7540 del 14 de septiembre, sin permitir la presentación formal de un escrito y obligando a sustentar los argumentos de forma verbal, con consideraciones que —para el ente investigador— carecían de soporte fáctico y jurídico.
Ese mismo día, el exministro declaró la urgencia manifiesta y abrió la puerta para asignar el contrato de manera directa, sin nueva licitación ni participación de otros interesados. Para la fiscal del caso, Sandra Portilla, con estas determinaciones “actuó de manera caprichosa, tozuda y arbitraria” y puso en riesgo la emisión de pasaportes y el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país.
Leyva Durán no aceptó los cargos formulados. En la audiencia, el exfuncionario se declaró inocente y aseguró que no reconocía ninguno de los señalamientos. Su defensa, a cargo del abogado Romario Camargo, sostuvo que “demostraremos en juicio que su actuar no fue caprichoso, tozudo ni arbitrario, sino ajustado a los principios de legalidad y transparencia, buscando la pluralidad de oferentes”. La imputación penal se suma a la sanción disciplinaria impuesta previamente por la Procuraduría General de la Nación, que destituyó e inhabilitó a Leyva por diez años por las mismas actuaciones en la licitación de pasaportes
