Juan Diego Gómez, expresidente del Congreso de la República, es acusado formalmente por el presunto delito de estafa, en un caso que involucra más de 1.700 millones de pesos y una serie de transacciones irregulares con bienes inmuebles en el municipio de Sabaneta, Antioquia. El escrito de acusación fue presentado por la Fiscalía, señalando hechos ocurridos entre enero de 2017 y junio de 2023, periodo en el que Gómez ostentó importantes cargos públicos.
Según la acusación, Gómez habría actuado en coautoría con su hermano David Orlando Gómez, quien se desempeñaba como gerente de la oficina Zona Andina de la Central de Inversiones S.A. (CISA). Ambos son señalados de haber inducido en error a los ciudadanos Alejandro y Jorge Mario Ramírez Osorio mediante engaños relacionados con la supuesta venta de dos predios ubicados en Sabaneta, identificados con matrículas inmobiliarias 001-802363 y 001-650182. Los compradores entregaron bienes muebles, inmuebles y dinero en efectivo como parte del acuerdo.
Lo más grave del caso es que los bienes nunca fueron propiedad de los hermanos Gómez, como ellos lo aseguraron, sino de una tercera persona, Natalie Maya Cano. Para el año 2020, estos predios ya habían sido escriturados a nombre de Alianza Fiduciaria S.A., vocera del Fideicomiso Buenavista VIS, lo que, según el documento, evidencia que los vendedores jamás tuvieron la capacidad legal de transferir los bienes.
A pesar de múltiples intentos conciliatorios por parte de las víctimas —incluyendo la firma de un contrato de transacción en 2021— los compromisos económicos asumidos por los hermanos Gómez no han sido cumplidos. La Fiscalía sostiene que se habría configurado el delito de estafa con el fin de obtener un “provecho ilícito” mediante “artificios o engaños”, lo cual encuadra en el artículo 246 del Código Penal.
El caso ahora entra en una etapa clave, en la que los acusados podrán allanarse a los cargos, lo que podría representar una rebaja de pena de hasta el 50% si aceptan responsabilidad. No obstante, si deciden ir a juicio, se enfrentarían a penas que oscilan entre los 32 y los 144 meses de prisión, agravadas por la alta cuantía del perjuicio, que supera los 1.700 millones de pesos.
Este proceso pone en el ojo del huracán a una figura pública que durante años ha ocupado roles de alto perfil en el escenario político colombiano. El desarrollo del caso será clave para determinar la responsabilidad penal de los implicados y el eventual resarcimiento a las víctimas.
