Gobernación ofrece recompensas y exige mayor contundencia en el Nordeste antioqueño
En un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado este martes 3 de marzo de 2026 en Yalí, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, manifestó preocupación por recientes hechos de orden público en el Nordeste y pidió a la Fuerza Pública y a la Fiscalía mayor contundencia en operaciones y esclarecimiento de delitos.
En ese contexto, la Gobernación anunció recompensas de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a tres presuntos integrantes de estructuras criminales con presencia en la subregión.
“Quiero reiterar las recompensas que estamos ofreciendo, hasta de 100 millones de pesos, por alias Leíto, por alias Diego y por alias Emerson, quien ha estado extorsionando principalmente al comercio y a las personas en esta zona del departamento”, afirmó Rendón Cardona.
Según la Administración Departamental, alias Leíto, también conocido como El Eléctrico, responde al nombre de Gilberto de Jesús Hoyos Zapata, delinque en Amalfi y Anorí y tiene orden de captura por concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego, delitos asociados a minas antipersonal y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Sobre alias Diego, la Gobernación recordó que ya existía una recompensa previa de hasta 50 millones de pesos por su ubicación y judicialización como cabecilla del grupo señalado como Los Libertadores. En cuanto a alias Emerson, la información oficial lo ubica como integrante de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo y lo relaciona con amenazas extorsivas contra estaciones de servicio en el municipio de Vegachí.
En la reunión participaron los alcaldes de Amalfi, Vegachí, Yalí y Yolombó, municipios de la zona Meseta. Allí, el Gobernador insistió en una respuesta específica frente a las denuncias de extorsión en Vegachí, solicitando intervención sostenida del Gaula militar y policial.
Además, pidió a la Fiscalía redoblar esfuerzos ante 12 muertes más que deben ser esclarecidas, al advertir que, según su planteamiento, la falta de resultados judiciales reduce la capacidad disuasiva del Estado frente a las muertes violentas.
