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Graves irregularidades mecánicas en el bus del siniestro de Remedios

La Superintendencia de Transporte anunció sanciones preventivas contundentes tras la investigación del trágico accidente ocurrido el pasado 14 de diciembre en Remedios, Antioquia, que cobró la vida de 17 personas (16 de ellas estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello).

El superintendente, Alfredo Piñeres, reveló que el bus de placas SON847 presentaba fallas en más del 80% de los requerimientos técnicos. “El bus no cumplía ni con el 20% de la revisión”, afirmó el funcionario, señalando que, pese a las pésimas condiciones, el vehículo contaba con un certificado de aprobación vigente.

Sanciones a Precoltur y al CDA Comercializadora Servisuper

Como medida preventiva, la autoridad impuso una suspensión de seis meses en la operación de las siguientes entidades:

  1. Precoltur: Empresa administradora del vehículo, que no podrá realizar viajes turísticos ni excursiones durante la temporada de fin de año.
  2. CDA Comercializadora Servisuper: Centro de diagnóstico que, presuntamente, alteró los resultados de la revisión técnico-mecánica y reportó información inconsistente al RUNT.

El CDA no podrá expedir certificados durante este periodo. Las investigaciones preliminares arrojaron que no se realizaron inspecciones sensoriales de luces, llantas ni carrocería; tampoco se verificó el estado de cinturones de seguridad, sillas ni salidas de emergencia.

Estado de los Seguros y Continuidad de la Investigación

Aunque la empresa Precoltur sostenía que la documentación estaba en regla, la Supertransporte detectó que la aprobación de la certificación fue irregular, poniendo en riesgo a todos los usuarios del bus desde la expedición del permiso.

Respecto a la seguridad financiera, se confirmó que las pólizas de seguros vencían el mismo día del accidente, pero contaban con renovación automática vigente hasta el 14 de diciembre de 2026.

El superintendente Piñeres enfatizó que estas medidas son de carácter preventivo mientras avanzan las investigaciones para establecer sanciones económicas y operacionales definitivas que podrían derivar en cierres permanentes.

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