Una revelación periodística realizada por Melquisedec Torres ha puesto en el centro del debate nacional el manejo de los recursos estatales destinados a la financiación de campañas presidenciales. Según los datos dados a conocer, un total de 21.567 millones de pesos fueron entregados como anticipos a cinco candidatos que participaron en la contienda, de los cuales cuatro no lograron superar el umbral mínimo del 4% de la votación requerido para la reposición de votos.
El núcleo de la controversia radica en el artículo 22 de la Ley 1475, un vacío legal que exime a los aspirantes que no alcanzan el umbral de la obligación de reintegrar los millonarios anticipos al erario público.
Entre los casos destacados figuran:
- Mauricio Lizcano, quien recibió $4.500 millones en anticipos y obtuvo el 0,22% de los votos;
- Claudia López, con $4.000 millones de anticipo y el 0,95%
- Santiago Botero, con $4.500 millones y el 0,87%
- Sondra Macollins, quien recibió $4.500 millones (con señalamientos de haberlos destinado a empresas familiares) y logró apenas el 0,08%.
En contraste, Sergio Fajardo fue el único del grupo en superar el umbral con el 4,26% de los sufragios, accediendo a la reposición de sus gastos, mientras que figuras como Paloma Valencia y el actual presidente Abelardo de la Espriella optaron por no solicitar anticipos estatales.
