Más de 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá entregaron dinero con la esperanza de adquirir una vivienda de interés social en el barrio Pachelly, pero el proyecto nunca llegó a construirse. Según la Fiscalía, los compradores entregaron anticipos y pagos que permitieron recaudar más de $500 millones.
El supuesto proyecto contemplaba la construcción de 804 viviendas y sus promotores aseguraban que contaba con respaldo de un programa del Gobierno nacional y que los compradores recibirían subsidios superiores a $13 millones. Sin embargo, la iniciativa nunca fue aprobada por las autoridades locales ni era viable para su ejecución. Para captar el dinero, los responsables incluso habrían utilizado el nombre de otros proyectos urbanísticos de una empresa constructora legalmente constituida.
Por estos hechos, ocurridos entre 2015 y 2018, un juez condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio a 9 años y 5 meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad masa. La investigación estableció que parte de los recursos terminó en cuentas de la constructora y en cuentas personales de los hoy condenados.
