A través del informe trimestral del secretario general de la ONU, que será presentado este lunes en Nueva York, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia advirtió que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella todavía no ha expuesto con claridad su enfoque general para implementar el Acuerdo Final de Paz. Si bien el Ejecutivo ha manifestado que cumplirá con la Constitución y las obligaciones jurídicas del pacto, la revisión de ciertos elementos genera incertidumbre entre los excombatientes, quienes a través del partido Comunes han exigido respuestas sobre la continuidad y financiación de la reincorporación.
El informe, que abarca del 27 de junio al 26 de septiembre de 2026, señala con preocupación que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) enfrenta un déficit de fondos y que el proyecto de presupuesto para 2027 proyecta recortes considerables en entidades clave de desarrollo rural, distribución de tierras y reincorporación, priorizando en cambio el gasto en seguridad. A esto se suma la decisión del Ministerio de Agricultura de suspender por 90 días nuevas medidas de tierras para evaluar los procesos, lo que ha despertado inquietud en organizaciones sociales, en contraste con el respaldo de gremios del agro enfocados en la productividad.
En materia de orden público, el documento detalla un escenario complejo marcado por el fin de los diálogos con los grupos armados —clasificados ahora como organizaciones terroristas— y la intensificación de operaciones militares, como los bombardeos contra el ELN y disidencias que dejaron decenas de bajas, seguidos de retaliaciones como carros bomba, confinamientos y el desplazamiento de 5.600 personas. Asimismo, la ONU confirmó el asesinato de 8 excombatientes durante el periodo (elevando a 13 el total de 2026) y 7 homicidios verificados de líderes sociales. Todo esto enmarcado por la profunda crisis humanitaria generada por el terremoto de magnitud 7,4 en el Chocó, que dejó más de 330 muertos y estragos estimados en 9.500 millones de dólares. Pese a las alertas, António Guterres valoró la apertura al diálogo del Gobierno y recordó que el Acuerdo entra en su tercio final de vigencia.
