El presidente Gustavo Petro pidió el traslado a una cárcel en Bogotá de los integrantes de la mesa de paz urbana que permanecían recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, luego de que se conociera la polémica parranda vallenata al interior del centro penitenciario.
La decisión se da en medio de cuestionamientos al proceso de diálogo con estructuras criminales del Valle de Aburrá, tras evidenciarse posibles excesos y uso indebido de los espacios otorgados en el marco de la paz urbana. El Gobierno había suspendido temporalmente las conversaciones mientras se evaluaba la continuidad del proceso.
En ese contexto, la delegación del Gobierno en la mesa de paz urbana respaldó la determinación del mandatario y aseguró que el traslado busca “mejorar las condiciones para encontrar una ruta de acercamiento” que permita retomar el diálogo con mayor control institucional.
A través de una carta, los delegados señalaron que se acogen a lo ordenado por el presidente y defendieron que la medida fortalece la confianza ciudadana. Además, advirtieron que la paz no puede ser utilizada como excusa para abusos o incumplimientos: “no hemos permitido ni permitiremos extralimitaciones ni el uso indebido de este proceso”, concluyeron.
