Política

Procurador Gregorio Eljach advierte dura puja contra propuesta del Gobierno de retirar la intervención judicial penal a la entidad

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, advirtió que librará una férrea confrontación institucional, jurídica y política contra la iniciativa del Gobierno Nacional que pretende suprimir las funciones de intervención penal de la entidad y trasladar esas competencias a la Rama Judicial. El pronunciamiento se dio durante la presentación oficial de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”, escenario que el jefe del Ministerio Público aprovechó para fijar una postura tajante frente al proyecto de reforma que alista el ministro de Justicia, Iván Cancino, para su radicación y debate en el Congreso de la República bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella.

Eljach reveló que en días recientes un ministro del despacho le manifestó de manera directa que la labor de los procuradores delegados en las audiencias penales suele limitarse a una figura pasiva y costosa reducida a la frase «coadyuvo», argumento que el funcionario rechazó de forma categórica al considerarlo un enfoque reduccionista y desinformado sobre la trascendencia del organismo de control. En su defensa, sostuvo que la planta de funcionarios asignada a los estrados judiciales está compuesta por servidores públicos altamente calificados cuya misión constitucional es garantizar el debido proceso, los derechos de las víctimas y el ordenamiento jurídico, por lo que cercenar personal no resolverá los dilemas estructurales de la justicia ordinaria.

El titular del órgano de control subrayó que defenderá con firmeza las atribuciones vigentes que le fueron encomendadas al asumir el cargo, asegurando que existen fundamentos éticos, constitucionales y filosóficos para mantener la presencia de la Procuraduría en el sistema penal acusatorio. Este pronunciamiento marca el primer choque directo entre el Ministerio Público en cabeza de Eljach y los planes de reestructuración judicial promovidos por la Casa de Nariño en el Legislativo.

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