La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín, Antioquia, por presunto detrimento patrimonial al contratar la chatarrización de 50.000 vehículos a $ 98 por kilogramo cuando su valor comercial en el país oscila entre $ 1.000 y $ 1.800. 

El ente territorial adjudicó y celebró un contrato para la chatarrización de estos automotores abandonados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín.  

Según las denuncias, por cada kilogramo vendido se habrían perdido más de $ 900 para el erario, lo que constituiría una disminución del patrimonio público. 

El Ministerio Público indaga también sobre el proceso de subasta adelantado que terminó con la adjudicación y celebración de este bilateral.   

En desarrollo de la acción disciplinaria se solicitó a la Alcaldía de Medellín estudios y documentos previos elaborados para adelantar el trámite de selección abreviada por subasta y certificación sobre el estado actual del contrato.  

El ente territorial también deberá enviar a la Procuraduría información de los servidores públicos que habrían intervenido las etapas precontractual y contractual y precisar, entre otros aspectos, si se delegó la función de celebrar contratos a una autoridad distinta al alcalde.