Procuraduría solicita suspensión urgente del nuevo modelo de pasaportes por presuntas irregularidades
Cuestionamientos a la legalidad y transparencia
La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó con “carácter de urgencia” la suspensión inmediata de los contratos que sustentan el nuevo modelo de expedición de pasaportes, el cual entró en vigor el pasado 1 de abril. Según el Ministerio Público, el proceso impulsado por el Gobierno nacional presenta fallas estructurales desde su etapa de planeación y compromete la transparencia en la contratación pública.
Los principales argumentos de la entidad se centran en:
- Ausencia de estudios de mercado: No existen análisis previos que respalden la decisión de evitar una licitación pública y acudir a la contratación directa.
- Riesgo al patrimonio público: El contrato implica giros superiores a los 1,3 billones de pesos, lo que exige un rigor extremo en su estructuración que, según la PGN, no se cumplió.
- Naturaleza jurídica del operador: La Procuraduría advierte que la Casa de la Moneda de Portugal opera como una empresa privada y no como una entidad pública extranjera, requisito esencial para la figura de convenio interadministrativo utilizada.
Dudas sobre la ejecución y el rol de la Imprenta Nacional
El ente de control también manifestó su preocupación por la participación de la Imprenta Nacional de Colombia en el esquema. Las investigaciones indican que su rol es limitado y se concentra en la personalización de las libretas, mientras que las funciones principales recaen en el socio extranjero, lo que desvirtuaría la esencia del convenio.
Además, la PGN alertó sobre el avance de la ejecución: El traslado de equipos ya está en marcha, lo que reduce cada día la capacidad de la justicia para intervenir de manera efectiva. Se propone estructurar un nuevo esquema que garantice la selección objetiva sin afectar la continuidad del servicio para los ciudadanos.
La decisión final depende ahora del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deberá definir el futuro de este modelo que pone en jaque la transición del sistema de documentos propuesta por el actual gobierno
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