Psicóloga lleva a tribunales pedido de suicidio médicamente asistido en Colombia
Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, abrió un frente jurídico inédito en Colombia al solicitar al sistema de salud acceso al suicidio médicamente asistido por padecimientos mentales severos.
El caso, divulgado este 15 de marzo de 2026, fue negado inicialmente por su EPS con el argumento de que no existen condiciones normativas ni operativas para autorizar ese procedimiento, pese a que la Corte Constitucional reconoció en 2022 que la asistencia médica al suicidio, en determinadas circunstancias, hace parte del derecho a morir dignamente.
Giraldo sostiene que ha pasado más de la mitad de su vida enfrentando trastornos mentales severos, con múltiples tratamientos, terapias y hospitalizaciones sin mejoría sostenida.
En 2025 presentó formalmente su solicitud, pero insistió en que su pretensión no es acceder a la eutanasia, sino a un procedimiento en el que un médico acompañe el proceso y sea ella quien administre el medicamento.
Esa diferencia se convirtió en el núcleo de la controversia: mientras el sistema parece remitirla a la ruta ya regulada de eutanasia, su petición apunta a una figura despenalizada por la Corte, pero aún sin reglamentación específica para su aplicación en el sistema de salud.
El caso expone un vacío institucional que ya no es solo jurídico, sino operativo. La sentencia C-164 de 2022 declaró inconstitucional castigar la ayuda al suicidio médicamente asistido cuando media el consentimiento libre e informado de una persona con intenso sufrimiento derivado de lesión corporal o enfermedad grave e incurable.
Sin embargo, a diferencia de la eutanasia, que sí cuenta con desarrollo administrativo y protocolos en Colombia, el suicidio médicamente asistido no tiene todavía una ruta clara de acceso, evaluación clínica y responsabilidad para EPS, IPS y comités científicos.
