Con el respaldo multipartidista de más de 100 congresistas y el acompañamiento de 450.000 firmas ciudadanas, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) y la senadora Norma Hurtado radicaron en la Secretaría General del Senado de la República un proyecto de ley que busca elevar a política de Estado permanente la prevención, detección temprana y manejo del retraso en talla y la desnutrición crónica infantil. La iniciativa concentra sus esfuerzos en la ventana crítica de los primeros 2.000 días de vida, comprendidos desde la gestación hasta los cinco años de edad, periodo determinante para el desarrollo neurológico y físico.
El diagnóstico que sustenta la propuesta legislativa expone un impacto estructural acumulado: para 2025, alrededor de 5.269.088 personas pertenecen a cohortes históricamente expuestas a la desnutrición crónica durante su primera infancia, lo que representa el 15,9 % de la población sujeta a seguimiento. El articulado subraya que este déficit nutricional temprano repercute en la adultez en menores coeficientes intelectuales, rezago escolar y una severa pérdida de productividad laboral, consolidando ciclos intergeneracionales de pobreza y limitando la competitividad del país.
En el plano institucional, la norma ordena la creación de la Comisión Intersectorial para la Prevención, Detección Temprana y Manejo de la Desnutrición Crónica Infantil, adscrita a la Presidencia de la República. El organismo articulará a los ministerios de Salud, Educación, Agricultura, Vivienda y Ambiente con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Superintendencia Nacional de Salud, con la tarea de formular en seis meses un Plan Decenal Intersectorial con metas cuantitativas verificables.
Para asegurar el financiamiento en las zonas más vulnerables, el articulado combina recursos del Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Participaciones y presupuestos locales, autorizando además que el sector privado ejecute proyectos nutricionales a través del mecanismo tributario de Obras por Impuestos en municipios PDET y ZOMAC. De manera complementaria, el proyecto exige la realización obligatoria de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) cada cinco años e implementa un sistema digital interoperable de trazabilidad nominal para monitorear caso a caso a los menores en riesgo antes de iniciar su primer debate en las Comisiones Séptimas del Congreso.
