Seis meses después de ordenar la apertura de una indagación disciplinaria por presuntos malos manejos del fondo fijo (caja menor) del despacho del alcalde de Medellín durante la administración de Daniel Quintero Calle, la Procuraduría General de la Nación reportó avances en la recolección de pruebas del caso.
La constancia de estado del proceso, en manos de la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, da cuenta de diligencias en curso para establecer si hubo un posible detrimento patrimonial que, según la denuncia, llegaría hasta $117 millones.
La investigación, abierta desde julio de 2025, cuestiona gastos respaldados con facturas que, según los señalamientos, no cumplirían los criterios de urgencia, necesidad o imprevisto exigidos para este tipo de fondos.
Entre los soportes mencionados públicamente figuran consumos en supermercados, panaderías, restaurantes, verdulerías y hasta tiendas para mascotas, compras que, de acuerdo con los denunciantes, no se ajustan al objeto del fondo fijo reembolsable del despacho.
Además del exalcalde, la indagación vincula a la exsecretaria Privada de la Alcaldía de Medellín, María Camila Villamizar, una de las funcionarias más cercanas al mandatario en su periodo. El foco disciplinario está puesto en el grado de responsabilidad por autorización, ejecución y control de los recursos, así como en la trazabilidad de los reembolsos y la legalización de pagos.
Reportes previos sobre el caso señalaron, incluso, que se indaga si algunas facturas pudieron haber sido solicitadas para reembolso pese a estar asociadas a otros conceptos, lo que será materia de verificación probatoria.
El episodio tiene antecedentes en el Concejo de Medellín. En 2023, el entonces secretario Privado Juan David Duque fue objeto de moción de censura y declarado insubsistente tras cuestionamientos por la gestión de estos recursos y repetidas inasistencias a citaciones para explicar el manejo del fondo. En 2024, la Procuraduría informó que lo vinculó a una investigación disciplinaria relacionada con la caja menor. El proceso se mantiene en etapa de recaudo de pruebas, con el reto de establecer si los gastos cumplían la finalidad legal del fondo, quién los ordenó, quién los legalizó y si hubo afectación al patrimonio público.
