La Fiscalía General expidió la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, con la que suspende temporalmente órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales del Valle de Aburrá. La medida, solicitada por la Oficina del Alto Comisionado de Paz, busca facilitar su participación en la “paz urbana” desde la cárcel de Itagüí y tendrá una vigencia inicial de seis meses.
Entre los beneficiados hay nombres conocidos del crimen en Medellín como Juan Carlos Mesa Vallejo, Sebastián Murillo Echeverri, Gustavo Adolfo Pérez Peña y José Leonardo Muñoz Martínez. La Fiscalía aclara que no se eliminan procesos judiciales y que deberán firmar compromisos de no delinquir.
La resolución no significa libertad automática. Muchos de ellos siguen en prisión, pero la medida evita nuevas capturas y permite su movilidad controlada para participar en los diálogos. No aplica para delitos graves como secuestro o extorsión.
La decisión generó rechazo del alcalde de Medellín y del gobernador de Antioquia, quienes aseguranque el “presidente Gustavo Petro siempre ha beneficiado a los criminales”.
La decisión abre un debate fuerte sobre: ¿hasta dónde puede ceder el Estado frente a estructuras ilegales?
