El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda que buscaba la pérdida de investidura de los concejales de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta y Damián Pérez Arroyave, para el periodo 2024-2027.
En su decisión, el alto tribunal determinó no decretar la sanción contra los cabildantes, al considerar que no se configuraban las causales alegadas en la demanda.
La demanda sostenía que ningún concejal de Medellín podía integrar la junta del Área Metropolitana en calidad de representante del Concejo, argumento con el que se pretendía demostrar una presunta incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, el Tribunal desestimó ese planteamiento y ratificó la continuidad de ambos concejales en sus cargos, cerrando así el proceso en primera instancia.
