El Gobierno Nacional, a través del vocero de la Presidencia Miller Soto, anunció acciones penales y disciplinarias contra el exministro de Igualdad del gobierno de Gustavo Petro, Luis Alfredo Acosta, debido a presuntas irregularidades halladas durante el proceso de liquidación de la cartera. Entre los hallazgos principales destaca la falta de entrega formal de las llaves y del control físico de bodegas que custodian mercancías incautadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cuyo avalúo asciende a 16.800 millones de pesos, situación que motivó la intervención inmediata de los equipos jurídicos de la Casa de Nariño.
La auditoría al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (Fonigualdad) reveló además la suscripción de más de 60 contratos de última hora por un valor cercano a los 469.000 millones de pesos. El portavoz presidencial alertó sobre una alta concentración de recursos públicos, señalando que un único contratista concentró asignaciones contractuales por más de 171.000 millones de pesos, en contraste con una ejecución presupuestal de inversión que durante el año anterior apenas alcanzó el 5 % en esa entidad.
Ante estas anomalías, la administración del presidente Abelardo De La Espriella radicó trece denuncias formales distribuidas en seis acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación, cinco de carácter disciplinario en la Procuraduría y dos fiscales en la Contraloría. Paralelamente al desmonte de la entidad —ordenado tras la inexequibilidad decretada por la Corte Constitucional y la supresión de 40 cargos directivos en viceministerios—, el Ejecutivo oficializó que 20.000 millones de pesos anuales de su presupuesto recurrente serán reorientados a la atención integral de los damnificados por el reciente terremoto.
