El Concejo de Medellín analizó el alcance financiero y administrativo del Proyecto de Acuerdo 86 de 2026, una iniciativa que busca establecer el ajuste salarial para los funcionarios de la Contraloría Distrital de la ciudad. La propuesta, que cuenta con ponencia coordinada por el concejal Miguel Ángel Iguarán, plantea un incremento salarial del 5,1%, cifra que corresponde exactamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE al cierre de la vigencia 2025.
De acuerdo con el coordinador de ponentes, el propósito principal de este ajuste es preservar la capacidad adquisitiva de los servidores del ente de control. Asimismo, el proyecto recibió un concepto positivo por parte de la Administración Distrital, al considerar que el porcentaje se encuentra alineado con las normativas nacionales que regulan el crecimiento presupuestal de las contralorías territoriales.
Preocupación de los corporados por la sostenibilidad fiscal
Durante la jornada de socialización, varios concejales manifestaron su preocupación frente al impacto financiero acumulado que este tipo de incrementos genera sobre el funcionamiento futuro del organismo de control. Los corporados advirtieron que en años anteriores se aprobaron aumentos superiores a la capacidad presupuestal de la Contraloría, una situación que en la actualidad limita el margen financiero para realizar inversiones y cubrir gastos operativos. En ese sentido, señalaron que el crecimiento sostenido de los costos de funcionamiento podría derivar en una dificultad estructural si no se adoptan medidas de planeación a mediano y largo plazo.
Sustentación jurídica y retos administrativos
Catalina Pérez Zabala, contralora auxiliar de apoyo técnico, explicó que el cálculo presupuestal de las contralorías territoriales se rige por la Ley 1416 de 2010. Esta norma determina que los gastos de las entidades de control municipal y distrital crecerán porcentualmente según la cifra mayor que resulte de comparar la inflación causada y la proyectada, limitando el incremento salarial al comportamiento del IPC oficial. Por este motivo, el ajuste para la vigencia 2026 se fijó estrictamente en el 5,1%.
Para enfrentar los retos financieros discutidos en el debate, se formularon las siguientes recomendaciones institucionales:
- Estrategias de optimización: Los concejales hicieron un llamado urgente para avanzar en estrategias de reducción de gastos generales, promover la cooperación institucional y ejecutar una optimización administrativa que asegure la operación futura de la Contraloría sin poner en riesgo sus funciones de vigilancia y control fiscal en Medellín.
Por su parte, los voceros de la Contraloría expusieron diferentes escenarios de incremento para este año y reiteraron que la iniciativa final busca garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales sin exceder los topes presupuestales definidos por la ley.
