Congreso aprueba ley que prohíbe flexibilizar requisitos para altos cargos del Estado
La plenaria del Congreso de la República aprobó en su último debate un proyecto de ley que establece controles definitivos para impedir la modificación discrecional de los manuales de funciones en las entidades del nivel central del Estado. La iniciativa, liderada por el representante antioqueño Hernán Cadavid, se convirtió en ley de la República con el objetivo de blindar la meritocracia y evitar que los perfiles técnicos de los cargos directivos sean disminuidos para facilitar el nombramiento de personas sin la experiencia adecuada.
La nueva normativa determina que ninguna entidad pública del orden nacional podrá reducir de forma unilateral las exigencias académicas, profesionales o de experiencia laboral requeridas para puestos de alta dirección. A partir de su promulgación, cualquier ajuste o modificación estructural que se pretenda realizar a los perfiles profesionales exigidos requerirá obligatoriamente de conceptos previos y vinculantes emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
Un freno a la politización del servicio público
El congresista Cadavid explicó que la ley surge como una respuesta institucional a las constantes denuncias sobre la flexibilización de requisitos para beneficiar a cuotas políticas en ministerios, departamentos administrativos y superintendencias durante los últimos años.
“La iniciativa busca que el mérito y las capacidades profesionales se mantengan como criterios predominantes en la selección de altos funcionarios públicos, evitando que se sigan acomodando los manuales a conveniencia de los gobernantes de turno”, enfatizó el legislador.
El exitoso trámite legislativo en ambas cámaras contó con la ponencia técnica del representante Alex Quevedo en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado de la República recibió el respaldo y coautoría del senador Honorio Enríquez. Con esta reforma, Colombia da un paso clave hacia la profesionalización y tecnificación del servicio público, cerrando la puerta a las maniobras que debilitaban la idoneidad y la transparencia en la administración central.
