Escándalo en Venezuela: expulsan y detienen a policías por saquear escombros tras los terremotos
La emergencia humanitaria en Venezuela por cuenta de los recientes sismos se transformó en un escándalo de corrupción policial y orden público. Este martes 30 de junio de 2026, las autoridades del vecino país confirmaron el arresto y la destitución fulminante de cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), acusados formalmente de saquear bienes económicos de alto valor escondidos entre las edificaciones colapsadas en el estado costero de La Guaira.
El hecho que detonó la indignación civil ocurrió específicamente en las residencias Vallarta, ubicadas en el sector de Playa Grande. A través de videos difundidos masivamente en redes sociales, uno de los funcionarios adscritos al órgano judicial fue capturado en flagrancia mientras transportaba una bolsa plástica repleta de billetes de 100 dólares, equivalentes a un botín cercano a los 10.000 dólares. Al percatarse del robo, los damnificados y vecinos del sector cercaron al uniformado, logrando arrebatarle el dinero en efectivo en medio de reclamos por la falta de transparencia en los operativos de resguardo residencial.
Cero tolerancia estatal ante el saqueo institucional
El director nacional del CICPC, Douglas Rico, calificó la conducta como indecorosa y notificó la separación “definitiva e irrevocable” del cargo para los implicados, quienes fueron puestos a disposición de los tribunales de control penal. Por su parte, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, advirtió de manera tajante que el Estado aplicará la máxima severidad judicial contra los funcionarios que utilicen su investidura para lucrarse con el dolor de los afectados.
El panorama que rodea esta polémica es crítico. El doble terremoto registrado el pasado 24 de junio ya eleva su balance oficial a 1.943 víctimas mortales y más de 10.500 heridos, consolidando a La Guaira como el epicentro de la catástrofe con cerca de 250 estructuras residenciales totalmente destruidas. Mientras los organismos internacionales y las brigadas de socorro agotan las horas en busca de sobrevivientes, el auge de los saqueos y la desconfianza en las cadenas de custodia de las Fuerzas de Seguridad ponen en jaque la efectividad de los planes de asistencia humanitaria en territorio venezolano.
