El fuerte choque institucional por los resultados de los comicios presidenciales sumó un nuevo frente legal, esta vez originado en la capital antioqueña. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, confirmó que radicó una denuncia penal formal en contra del presidente saliente, Gustavo Petro Urrego, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, célula legislativa competente para procesar a los altos dignatarios del Estado.
La acción judicial, consignada en un documento técnico de nueve páginas, se interpuso luego de las reiteradas declaraciones del jefe de Estado en las que califica como fraudulentas las elecciones del pasado 21 de junio y desconoce de forma pública el triunfo del mandatario electo, Abelardo De La Espriella. De Bedout sostiene que la conducta del gobernante saliente configura los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir, solicitando además que el Congreso examine una eventual causal de indignidad por mala conducta en el ejercicio del cargo.
El líder del cabildo municipal fue enfático a través de sus canales oficiales al defender la legitimidad del proceso en este 2026:
“Colombia tiene un presidente electo, Abelardo De la Espriella, con credencial entregada por el CNE desde el 25 de junio. Desconocer eso es un atentado contra la institucionalidad. Que el Presidente de la República desconozca un acto administrativo en firme configura un posible abuso de autoridad y compromete su investidura”, manifestó.
Llamado a la celeridad legislativa
El concejal de Medellín hizo un llamado directo y enérgico a los parlamentarios que integran la Comisión de Acusación para que aborden el expediente con la máxima rigurosidad, celeridad y seriedad política que la actual transición de mando exige. De acuerdo con la denuncia, la retórica de la Casa de Nariño no solo vulnera el ordenamiento jurídico, sino que debilita de forma peligrosa la confianza ciudadana en el Consejo Nacional Electoral (CNE), máxima autoridad encargada de certificar la voluntad popular expresada en las urnas.
