El representante y primer vicepresidente de la Cámara, Simón Molina Gómez, radicó un proyecto de ley destinado a reformar de manera sustancial la Ley 2272 de 2022, marco jurídico de la política de “Paz Total”. La iniciativa legislativa busca desmontar los beneficios otorgados a organizaciones criminales, reactivar de forma inmediata las órdenes de captura suspendidas y fortalecer las garantías para las víctimas del conflicto.
El proyecto de ley elimina las facultades del Gobierno para entablar acercamientos informales sin marco legal previo y prohíbe otorgar tratamiento político a grupos delictivos sin motivación ideológica. Bajo la propuesta, cualquier suspensión de órdenes de captura quedará estrictamente condicionada a la expedición previa de una ley de sometimiento a la justicia que exija verdad, reparación integral y penas privativas de la libertad para los integrantes de estas estructuras en este 2026.
Molina Gómez enfatizó que la política pública de seguridad debe fundamentarse en la legalidad y el cumplimiento efectivo de las sanciones penales, argumentando que las concesiones actuales han generado mensajes de impunidad. Con el inicio del trámite legislativo en el Congreso, se abre un debate determinante sobre los límites de la negociación estatal y el equilibrio entre la búsqueda de la paz y el imperio de la justicia.
