La Procuraduría General de la Nación, abrió indagación previa contra funcionarios por establecer del Área Metropolitana del Valle de Aburrá por presuntas irregularidades contractuales con la fundación Tenarco, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (ARCA).
El ente de control verifica unos convenios de asociación con la fundación, de enero de 2020 a diciembre de 2023, en los que al parecer no se registraron los recursos de carácter obligatorio que debían ser aportados por esta según lo establecido por la ley; por tanto, se confirma si la suma faltante entre los años 2020 y 2021 supera los $6.500 millones.
También, al parecer las contrataciones suscritas con ACOPI, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2022, equivalen aproximadamente a $8.000 mil millones las cuales pareciera que habrían sido direccionadas para que su ejecución lo realizaran los directivos de la asociación.
El Ministerio Público corrobora las denuncias sobre los negocios jurídicos entre el Área Metropolitana y el ARCA para la vigencia 2219-2022, por posibles inconsistencias en el pago del 30% que le correspondía al contratista, en posibles pagos a la nómina de la asociación y en el convenio 202 de 2022 por $2.600 millones.
Finalmente, la entidad investiga si el ente territorial habría nombrado jefe de proyectos a María Camila Salcedo Soto sin cumplir con la experiencia exigida por la ley y se determinará si el reglamento interno fue modificado para que la servidora asumirá el cargo.
