La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, encendió las alarmas ante la Comisión Primera del Senado de la República al denunciar un severo déficit presupuestal para la vigencia de 2027. Según expuso la funcionaria, la entidad requiere $8,55 billones de pesos para garantizar el cumplimiento de sus funciones constitucionales y la continuidad de la acción penal, pero el proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda fijó una partida de apenas $7,06 billones. Esta diferencia genera una brecha financiera de $1,49 billones que, en palabras de la jefa del ente acusador, provocaría que los recursos asignados alcancen únicamente para cubrir los gastos de aproximadamente la mitad del año entrante.
Camargo detalló a los legisladores que la entidad enfrenta obligaciones inflexibles que no admiten recortes, agravadas por presiones de costos operativos. Entre los factores determinantes mencionó el incremento del salario mínimo decretado para 2026, el cual alcanzó un alza del 23 % al fijarse en $1.750.905 más $249.095 de auxilio de transporte. Dicho ajuste repercutió directamente en los contratos de servicios de aseo y vigilancia privada, rubros indispensables y continuos para el funcionamiento de la institución en todo el territorio nacional.
A la carga de servicios se suma una compleja situación locativa, pues el organismo opera en 443 sedes tomadas en arrendamiento cuyos cánones no pueden suspenderse sin paralizar la presencia judicial en las regiones. La fiscal recalcó que la meta institucional no es cerrar despachos sino expandir la cobertura, por lo que desocupar inmuebles no constituye una alternativa viable para reducir gastos de funcionamiento.
Finalmente, la titular de la Fiscalía alertó sobre un grave vacío en el pago de sentencias judiciales, para el cual la entidad proyectó $547.000 millones que quedaron sin asignación alguna en el proyecto gubernamental. Advirtió que la mora en el cumplimiento de estos fallos genera intereses que multiplican hasta por cinco veces las acreencias que el Estado termina asumiendo, comprometiendo de manera simultánea los recursos destinados al funcionamiento ordinario, al servicio de la deuda y a los planes de inversión del ente investigador.
