El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicó formalmente en el Congreso el proyecto de acto legislativo conocido como la “ley antimermelada”, una iniciativa impulsada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella que busca transformar de raíz la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El proyecto tiene como propósito central erradicar las negociaciones secretas y la asignación discrecional de presupuestos o contratos a cambio de apoyo político, exigiendo que toda gestión de recursos o inversión territorial se realice de manera abierta y de cara a la ciudadanía.
La reforma constitucional contempla cambios estructurales en la gestión de recursos públicos y en las reglas aplicables a los congresistas. Entre sus puntos principales, la iniciativa faculta a senadores y representantes para postular proyectos de inversión pública destinados a sus regiones, los cuales podrán ser incluidos en el Presupuesto General de la Nación o financiados por fondos especiales, bajo la condición estricta de quedar inscritos en un registro público consultable por cualquier ciudadano. Asimismo, aunque los legisladores podrán promover estas iniciativas territoriales, se les prohíbe tajantemente intervenir en la adjudicación, celebración o ejecución de los contratos derivados de las mismas.
El articulado también delimita los conflictos de interés —estableciendo que solo aplicarán ante beneficios particulares directos para el congresista o su núcleo cercano, sin invalidar el voto por financiación de campaña transparente o defensa de sectores amplios—, castiga con pérdida de investidura el ocultamiento de información en las declaraciones de intereses y regula formalmente el lobby para que los congresistas representen causas sectoriales sin caer en inhabilidades ambiguas. Al tratarse de un acto legislativo que modifica los artículos 180, 182, 183 y 346 de la Constitución, la propuesta deberá superar un exigente trámite de ocho debates en dos vueltas consecutivas, iniciando su recorrido en las Comisiones Primeras de Cámara y Senado.
