En una maratónica sesión realizada la noche del lunes festivo 2 de noviembre de 2026, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 99 votos a favor y 39 en contra el informe de ponencia del proyecto de Ley de Sometimiento, la apuesta legislativa con la que la administración del presidente Abelardo de la Espriella busca reemplazar la política de “paz total” e implementar un marco de desarticulación de grupos armados ilegales. Liderada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, la iniciativa debe completar su votación y ser sancionada a más tardar este miércoles 4 de noviembre para evitar un vacío normativo de la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997).
El articulado contempla un régimen de sometimiento individual y colectivo que exige la entrega inmediata de armas, bienes e información, ofreciendo rebajas de pena de hasta el 50 % para integrantes de base y hasta el 30 % para mandos, condicionado a la reparación efectiva de las víctimas, sin frenar las operaciones de la Fuerza Pública ni suspender procesos de extradición. Mientras defensores como los congresistas Julio César Triana y el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, destacan que se trata de un “sometimiento puro y duro”, sectores de la oposición representados por Catherine Juvinao, Carolina Corcho y Ariel Ávila cuestionan su alcance normativo. Con el informe aprobado en ambas cámaras, el Congreso entra en una jornada decisiva este 3 de noviembre para conciliar y votar el articulado definitivo antes del plazo límite.




