Ante la imposibilidad material de garantizar una transición segura bajo los plazos actuales, Colpensiones radicó este martes 22 de septiembre de 2026 una solicitud formal ante la Sala Plena de la Corte Constitucional para aplazar por un año más la implementación de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), pidiendo que la entrada en vigencia pase del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2028. En un documento de 42 páginas firmado por Diego Urrego Escobar, representante legal suplente de la entidad, se argumenta que se requieren mayores márgenes operativos, financieros, normativos y tecnológicos para absorber el nuevo esquema sin poner en riesgo los derechos de los afiliados.
La administración de la entidad enfatizó que la petición, enmarcada dentro del expediente D-15989, no busca cuestionar el fondo de la Sentencia C-264 de 2026 ni reabrir el debate sobre la validez del trámite legislativo, el cual acatan sin reservas. Sin embargo, advierten que los cerca de ocho meses fijados por el alto tribunal resultan claramente insuficientes frente a la magnitud de los ajustes requeridos, agravados además por la incertidumbre jurídica que generan los artículos devueltos a la Cámara de Representantes para su subsanación, los cuales fragmentan los tiempos de preparación institucional entre Colpensiones, las AFP y el Banco de la República.
Con esta solicitud, el Gobierno y los fondos públicos buscan mitigar los riesgos de colapso operativo que amenazarían la correcta asimilación de los pilares del nuevo modelo pensional. La decisión queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá evaluar si concede la prórroga solicitada para garantizar una arquitectura técnica y financiera robusta antes de que el nuevo sistema empiece a producir efectos de manera integral en todo el país.
