Consejo de Estado cita a Isabel Zuleta a audiencia por el “tarimazo” en Medellín
El Consejo de Estado fijó para el de febrero de 2026, a las 2:30 p. m., la audiencia pública de pérdida de investidura contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, audiencia en la que se evaluará si hubo falta grave por la gestión de traslados desde la cárcel de Itagüí.
El proceso se concentra en su participación en el evento conocido como “tarimazo”, realizado el 21 de junio de 2025 en el Centro Administrativo La Alpujarra, donde el presidente Gustavo Petro compartió tarima con cabecillas de estructuras criminales trasladados desde la cárcel de Itagüí.
La audiencia deberá establecer si la congresista incurrió en una falta grave por presunta extralimitación de funciones y posibles actuaciones ante el Inpec para autorizar la salida de internos recluidos en ese penal.
Entre los nombres mencionados en el debate público por su presencia en el acto figuran José Muñoz alias Douglas, Juan Mesa alias Tom, Freyner Ramírez alias Carlos Pesebre y Jorge Vallejo alias Vallejo, dentro de un escenario que el Gobierno ha enmarcado en la discusión sobre la paz urbana en el Valle de Aburrá.
En las actuaciones previas, el expediente también ha incorporado solicitudes de pruebas y documentos que, según versiones conocidas, incluyen comunicaciones institucionales y soportes remitidos por delegados del Gobierno.
El concejal de Medellín, Alejandro De Bedout, sostuvo que existió una gestión directa ante el Inpec para concretar la presencia de los internos en la tarima: “El oficio al Inpec demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín”, afirmó, en referencia a un documento que hace parte de la controversia.
El caso se da en paralelo a otros frentes derivados del mismo episodio, como denuncias relacionadas con la autorización y custodia de los traslados desde el establecimiento penitenciario, asunto que también ha sido objeto de seguimiento judicial y disciplinario.
Mientras se surte la audiencia del 23 de febrero, la decisión que adopte el Consejo de Estado será determinante. La pérdida de investidura implica, de prosperar, la salida del cargo y restricciones políticas, en un escenario que mantiene tensión entre las explicaciones oficiales del evento y los cuestionamientos sobre el uso de facultades y canales institucionales para movilizar a condenados a un acto público.
