Contraloría advierte riesgo por compra de predios por $979.000 millones sin escrituras
La ejecución de la reforma agraria en Colombia enfrenta un severo cuestionamiento fiscal. La Contraloría General de la República emitió un fuerte hallazgo administrativo tras detectar que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desembolsó la suma de $979.003 millones de pesos por 537 bienes inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que se formalizara el traspaso legal ni el registro de propiedad a favor de la Nación.
De acuerdo con la auditoría revelada por la revista Cambio, la anomalía se concentra en recursos públicos comprometidos durante la vigencia 2025 y un convenio marco firmado en 2024. Con corte al 22 de junio de 2026, el organismo de control fiscal evidenció que apenas tres de los 537 predios han sido debidamente escriturados e incorporados al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. Pese a la falta de títulos de propiedad, la ANT, dirigida por Felipe Harman, confirmó que cerca de 300 de estos inmuebles ya fueron entregados materialmente a familias campesinas.
Riesgo de embargos y litigios judiciales
Para el ente de control, liderado por el contralor Carlos Hernán Rodríguez, esta desarticulación procedimental expone los recursos y el patrimonio público a una inminente vulnerabilidad jurídica. Al no estar consolidada la titularidad real de la Nación sobre los terrenos, los bienes entregados quedan en un limbo legal y están plenamente expuestos a medidas cautelares, embargos por acreedores de los antiguos propietarios, reclamaciones de terceros y litigios civiles en contra de la SAE.
Si bien los dineros permanecen bajo la custodia de otra entidad estatal (la SAE), la Contraloría enfatizó que el procedimiento adoptado por la ANT quebranta la seguridad jurídica requerida en la compra de tierras, abriendo la puerta a futuras complicaciones legales que pondrían en riesgo el disfrute y la permanencia de las comunidades beneficiarias en los predios rurales adjudicados.
