Contraloría de Antioquia abre fiscalización por cambio en Hidroituango
La Contraloría General de Antioquia ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización a la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P. por un presunto detrimento patrimonial asociado al cambio de contratista para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8 del proyecto Hidroituango.
La actuación se activa tras una denuncia ciudadana y, según el ente de control, busca establecer si hubo afectaciones al patrimonio público, sobrecostos o riesgos fiscales derivados de la modificación contractual.
El punto central del expediente es el incremento de los recursos comprometidos, la Contraloría evaluará el paso de $410.000 millones a cerca de $900.000 millones, sin que supuestamente se evidencie una variación proporcional del alcance técnico de las obras.
En ese texto, el órgano de control sostuvo que verificará con rigor técnico, y sin prejuzgar responsabilidades si las decisiones generaron impactos fiscales y si se configuraron eventuales responsabilidades, dada la magnitud de los recursos públicos comprometidos.
El cambio de contratista ocurrió después de que EPM informara que las obras de la segunda etapa quedarían en manos del Consorcio CYS y no del Consorcio CCC Ituango, que ejecutó la primera fase.
En su explicación institucional sobre la contratación, EPM señaló que con la adjudicación se logra que el proyecto no se vea afectado en el cronograma y que el esquema permitiría una mayor eficiencia económica y control de costos mediante precios unitarios, con acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación.
El proceso se gestó en la administración del exalcalde Daniel Quintero y del exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo, en medio de una disputa con el constructor original. La Contraloría departamental asumió el caso luego de que la Contraloría General de la República informara que no ejercía poder preferente en este asunto específico, aunque solicitó ser notificada de los resultados.
En lo inmediato, la actuación especial deberá precisar qué soportes técnicos y financieros justificaron el cambio, cómo se definieron los nuevos valores y qué controles internos se aplicaron para mitigar riesgos fiscales. También deberá aclarar la trazabilidad de decisiones y responsabilidades administrativas, en un proyecto que impacta la seguridad energética y concentra alta vigilancia pública por su historial de controversias y sobrecostos.
