Corte Constitucional avala la emergencia económica por el terremoto con condicionamientos.
Mediante la sentencia C-366 de 2026, la Corte Constitucional declaró exequible el decreto de emergencia económica, social y ecológica expedido por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella el pasado 19 de agosto, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro-occidente del país. No obstante, con una votación de siete a uno y bajo la ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, el alto tribunal estableció estrictos condicionamientos y límites al Ejecutivo en materia territorial, presupuestal y de ejecución, prohibiendo expresamente que los recursos extraordinarios sean utilizados para tapar el déficit fiscal de la Nación o para resolver problemáticas estructurales previas al sismo, como la crisis del sistema penitenciario.
El fallo determinó que la declaratoria no se aplicará de manera automática a departamentos enteros, sino exclusivamente a los municipios que acrediten afectaciones directas según los reportes oficiales de la UNGRD. Asimismo, la Corte le ordenó al Ministerio de Hacienda, liderado por Miguel Gómez, recalcular en un plazo de 20 días hábiles el costo real de la emergencia y las adiciones presupuestales requeridas. La providencia también exige a las entidades justificar mediante actos administrativos el uso de estos mecanismos excepcionales, coordinar la financiación con las regiones respetando su autonomía, crear un sistema independiente de administración de recursos para veeduría de los entes de control e implementar un plan de recuperación con programación plurianual.
