La Fiscalía General de la Nación imputó este 11 de marzo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por el delito de tráfico de influencias de servidor público, en una audiencia realizada ante un juzgado de control de garantías en Bogotá.
El caso se relaciona con un presunto direccionamiento de decisiones dentro de una filial de la estatal petrolera para favorecer a un particular en un proyecto de gasificación en La Guajira. Roa no aceptó el cargo formulado por el ente acusador.
Según la hipótesis de la Fiscalía, entre agosto y septiembre de 2024 Roa habría intervenido en reuniones para que se asignara a una persona específica el proyecto Chuchupa Ballenas.
De acuerdo con la investigación, en enero de 2025 el comité de nuevos proyectos de la filial recibió una propuesta comercial y avanzó en un memorando de negociación con la empresa relacionada, aunque el contrato no llegó a concretarse porque la iniciativa fue suspendida.
La imputación también vincula ese presunto interés con la compra de un apartamento en el norte de Bogotá. La Fiscalía sostiene que el inmueble habría sido adquirido por Roa en condiciones favorables frente a su valor de mercado, con facilidades de pago, y que ese negocio tendría conexión con la persona que se buscaba beneficiar con el proyecto gasífero. El que el expediente menciona una diferencia de $927 millones entre el valor estimado del apartamento y el precio pagado.
La diligencia abre un nuevo frente judicial para el directivo de la principal empresa del país, en un momento en que Ecopetrol sigue bajo presión por decisiones estratégicas y por la exposición política de su presidencia.
Por ahora, el proceso entra en una fase en la que la Fiscalía deberá sustentar su teoría del caso, mientras la defensa de Roa insiste en su inocencia y en que no existió una actuación ilegal en la operación cuestionada.
